Sobre el copago y la protección social

No.
El copago no es la solución para la financiación de la sanidad pública como, entre otros, defiende la Aguirre, esa privatizadora disfrazada de presidenta de todos los madrileños, aunque en realidad sólo represente a sus amigos.
La solución pasa por la subida de impuestos a las rentas más altas, pero también porque no solo la construcción de nuevos centros sea pública, sino también su gestión.
La solución pasa, en definitiva, por apostar por lo público.
Es decir, la solución pasa por eliminar a los privatizadores, en el caso de la Comunidad de Madrid, Aguirre y todo su equipo.
Ellos, y no otros, son los responsables de que en esta comunidad existan tantas desigualdades, motivadas por sus políticas de apoyo a las élites económicas y de ninguneo a los menos favorecidos.

Las políticas de la Aguirre, en materia de protección social son manifiestamente inconstitucionales, por cierto.
En el Artículo 41 de la Constitución Española, leemos que "los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres".

Me permito añadir, por cierto, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 22, dice que "toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".

Esperanza Aguirre y su equipo de gobierno, no sólo vulneran la Constitución en materia de protección social, sino también la Declaración Universal de Derechos Humanos.
¿Hasta cuándo se lo vamos a consentir?
Muévete y toma la calle.
Actúa.